Candidatos Presidenciales: Alejandro Guillier Propone que Universidades Estatales se Financien Preferentemente con Aportes Basales


En el contexto de la Segunda Vuelta Presidencial, que se efectuará el 17 de diciembre, OBESUP estimó relevante conocer la visión que tienen los candidatos, Sebastián Piñera, de Chile Vamos, y Alejandro Guillier, de la Fuerza de la Mayoría, sobre la misión y futuro de las Universidades Públicas. El 21 de noviembre pasado, se tomó contacto con los equipos de los aspirantes a La Moneda, a fin de solicitar una entrevista con los encargados programáticos de Educación. En el comando presidencial de Sebastián Piñera aún no responden a este requerimiento. En representación de la candidatura del senador, en tanto, conversó con OBESUP el académico Gustavo Cáceres, coordinador del equipo que diseña la propuesta programática en materia educacional.

“Las Universidades del Estado se deben financiar preferentemente con aportes basales”

El Coordinador Programático de la Comisión de Educación de la Candidatura Presidencial del senador, Alejandro Guillier, Gustavo Cáceres Cruz, señaló en entrevista a OBESUP que corresponde al  Estado velar por la calidad de las universidades que le pertenecen, lo que, a su juicio, “no ha ocurrido en la medida que habría sido deseable”.

Asimismo, el ingeniero civil mecánico, académico y magíster, afirma que en un eventual gobierno del abanderado  de la Fuerza de la Mayoría se pondrá énfasis en el fortalecimiento de las universidades públicas, a través de un financiamiento basal permanente y de una mayor regulación a las casas de educación superior privadas. Finalmente asegura que: “Corresponde a las instituciones estatales mantener un liderazgo en el área de la investigación”.

En el programa de gobierno del candidato presidencial, Alejandro Guillier, se hace mención a la necesidad de fortalecer las Universidades del Estado. ¿Qué aspectos se consideran relevantes para cumplir con este propósito?

El fortalecimiento de las Universidades del Estado es un pilar indispensable para asegurar que la educación se implemente como un derecho al que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso, independiente de su género, creencias, clase o nivel de ingreso. Para lograr este propósito, primero, estamos planteando la consolidación de una nueva institucionalidad y de un nuevo marco regulatorio. La falta de normativa en materia de Educación Superior ha contribuido a establecer criterios mercantiles en las entidades privadas que se han ido estableciendo.

En este sentido, es necesario crear una Subsecretaría de Educación Superior, tal como está planteado en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, y que este organismo tenga una mayor capacidad de conducir y planificar las distintas áreas del quehacer universitario y técnico profesional, porque, de esta manera, mejoramos el sistema y permitimos que éste se desarrolle en forma armónica.

Asimismo, estamos conscientes  que debe existir una Superintendencia que tenga una capacidad real de cautelar el buen uso de los recursos públicos, haciendo cumplir la prohibición del lucro en Educación Superior.

Además de lo anterior, está el tema de la calidad, como algo central, por tanto, la acreditación debe ser un requisito fundamental para la existencia y el cierre de las instituciones deficientes en este ámbito. En este sentido, se debe terminar con el negocio de las agencias acreditadoras.

¿Qué efecto tiene mejorar la regulación del sistema de Educación Superior para las Universidades Públicas?

Como he señalado, el problema ha sido la  gran desregulación y esto ha permitido el surgimiento de muchas instituciones que han tenido, fundamentalmente, un fin de lucro. Esto ha significado que las instituciones de Educación Superior Pública, las Universidades Estatales, se han visto desmejoradas frente a las casas de estudio privadas con este lucro encubierto y no han podido desarrollarse adecuadamente, debido, también, a que el Estado no les ha entregado el apoyo necesario.

Esta falta de respaldo se evidencia, a partir de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, que se promulgó a fines de la dictadura, pero que ya había comenzado a aplicarse a principio de los años 80. En ese momento, se inicia el debilitamiento progresivo de la educación pública, que luego continuó con los primeros gobiernos democráticos.  Debido a las fuertes presiones que hubo en el Parlamento, no se pudo modificar la LOCE y el sistema de financiamiento.

Esta normativa estableció exigencias muy laxas, para la creación de universidades, por lo tanto, incentivó el crecimiento de muchas instituciones de Educación Superior. Llegamos a tener más de 100 Centros de Formación Técnica (CFTs), ya que la LOCE no consideraba ningún sistema de aseguramiento de la calidad.

Fue durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se promulgó la primera ley al respecto, pero tenía limitaciones, porque era de carácter voluntario. No se pudo avanzar más, por cuanto siempre existió, por parte de los sectores de derecha, un fuerte ataque contra todo lo que fuese regulación del sistema. Es un tema que se debe relevar, porque ellos han insistido en que están muy de acuerdo con mejorar la calidad, pero aún piensan que es el mercado el que debe tomar esto a su cargo.

¿Cuál es la relevancia que tienen las Universidades del Estado en el programa de Gobierno del candidato presidencial, Alejandro Guillier?

Para nosotros, la Educación Superior Pública es la Educación Superior del Estado. Nosotros tenemos, en este sentido, una claridad conceptual, ya que no sólo basta con cumplir un rol público, sino que pertenecer también al Estado. Hay instituciones que tienen vocación pública, pero no son instituciones del Estado.

Una de las prioridades para los rectores de las universidades estatales es el crecimiento de la matrícula es estas instituciones de educación pública. ¿Qué visión existe sobre esta materia?

En primer lugar, es necesario plantear que, para la candidatura de Alejandro Guillier, la educación debe ser un derecho social universal garantizado para todas y todos por igual. Por lo tanto, para poder cumplir con este principio  desempeñan un rol fundamental las instituciones públicas,  las que tienen que ir incrementando su matrícula en forma progresiva y orgánica. Este proceso tiene que ir en conjunto con el mejoramiento de la calidad, lo que significa una cantidad de recursos importantes, para disponer de equipamiento, infraestructura, de una planta docente, y de todo aquello que conduce a una mejor calidad, en forma adecuada.

¿Cuál es el mecanismo de financiamiento que se ha definido para fortalecer a las Universidades Estatales?

Vamos a poner un énfasis especial en su fortalecimiento, especialmente en las casas de estudio  regionales. Proponemos que las universidades estatales se financien preferentemente con aportes basales y no con recursos destinados a la gratuidad de los estudiantes. De esa manera tenemos seguridad que éstas instituciones van a disponer de los recursos necesarios para crecer en forma adecuada.

Cuando hablamos de financiamiento basal de universidades públicas, nos referimos a que vamos a tener que saber cuáles son los requerimientos de cada institución, de acuerdo a sus planes de desarrollo, y esos planes van a contemplar el crecimiento de la matrícula de pregrado. Por otro lado, van a haber otras actividades que deberán ser analizadas, como es la investigación. Para nosotros es fundamental, dentro de la labor que deben realizar las universidades públicas, ya que, a nuestro juicio, deben mantener un liderazgo en este proceso.

¿Cómo se piensa abordar el Crédito con Aval del Estado en términos globales?

Estamos por el fin del CAE, estableciendo un instrumento no bancarizado de transición hacia la gratuidad universal. Asimismo, como ha planteado nuestro candidato presidencial Alejandro Guillier, se propone la condonación de la deuda del CAE para el 40% de menores ingresos de la población. Para el resto de los deudores se establecerían pagos con un 0% de interés, un cobro máximo de un 10% de la renta mensual, eximiendo del cobro a los desempleados, impidiendo que la deuda sea incorporada al Dicom y sea sujeto de embargos. La  deuda se extinguirá a los 10 años de egreso y de haber iniciado actividades profesionales.

 

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