Coordinadora de OBESUP expuso en Congreso de FlACSO en España


 

La Coordinadora Técnica del Observatorio de Educación Superior de las Universidades del Estado, OBESUP, Natalia Vargas, presentó la ponencia: “Los Regímenes de Política Pública en la Educación Superior: El caso chileno”, en el 4º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, que se efectuó en la sede de FLACSO, en España.

El estudio realizado por OBESUP fue seleccionado, para ser presentado en este evento especial, con el que se conmemoró el aniversario número sesenta de FLACSO y el VIII Centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca.

Un total de 1200 personas, entre investigadores y académicos de diversos países del mundo, se reunieron para participar en 80 simposios que abordaron distintas aristas de las ciencias sociales en general, y del sistema educacional en América Latina y El Caribe.

La investigadora chilena, quien es Administradora Pública de la Universidad de Chile y Magíster en Relaciones Internacionales de la misma institución, expuso sobre un estudio exploratorio acerca del desarrollo de la discusión, evolución y diseño de la política pública en Educación Superior llevada a cabo en Chile, entre los años 1970 y 2016, teniendo en cuenta las brechas existentes entre las demandas y necesidades sociales, y la aplicación de la política pública en esta materia y sus cambios durante este período.

La profesional comenzó su intervención con una referencia a la reforma universitaria de 1968, que definió como “un proceso que demarcó las características propias de la naturaleza y función de la universidad y su vínculo con la sociedad en su conjunto”. “Bajo este nuevo paradigma, donde el Estado se mantenía como ente proveedor y regulador, la expansión de la matrícula alcanzó niveles sin precedentes en Chile”, agregó.  Natalia Vargas señaló que “entre los años 1970 y 1973, el gasto en educación llegó a un máximo histórico de un 5,7% del PIB y fue destinado a las universidades, atendiendo a la posibilidad de una demanda cada vez mayor de educación superior”.

Según la ponencia de la Coordinadora Técnica de OBESUP, con posterioridad al Golpe Militar de 1973, “el gasto público en educación superior bajó de un 5,7% del PIB a un 2,7%, hacia fines del régimen dictatorial”. Agregó que, en 1978, “la visión que se instaló fue aquella que veía al Estado como un ente que entragaba las posibilidades de desarrollo individual”.“Esta convicción quedó plasmada en el documento titulado El Ladrillo, el cual determinó las variadas reformas llevadas a cabo por el régimen de Pinochet, donde la perspectiva economicista fue desarrollada como la solución para casi todas las áreas de desarrollo social basadas en la teoría del libre mercado del pensamiento teórico de Milton Friedman”, puntualizó.

En su intervención en la Universidad de Salamanca, la profesional explicó que el principio de libre mercado en Educación Superior se ratificó con la dictación del DFL N° 4 de 1981, ya que dicha normativa “diversificó el modelo de financiamiento universitario, disminuyendo, al mismo tiempo, los recursos del Estado en un 50% los siguientes 5 años”.

Al respecto, añadió que,  entre los años 1980 y 1988, “se instaló un mecanismo de competencia de mercado dentro del sistema universitario, a través de tres vías distintas: 1) diversificación del modelo de financiamiento, creando un área competitiva sin diferenciación entre instituciones públicas y privadas; 2) disminución de las barreras de entrada de distintas instituciones al sistema de educación superior y 3) diversificación del modelo de institución que entregaban títulos profesionales diferenciados en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades”.

Natalia Vargas se refirió, también, a la política pública que se implementó con el retorno a la democracia en Chile, en 1980. Al respecto, señaló que los cambios realizados “en la dictadura no fueron directamente cuestionadas en el nuevo gobierno civil, a pesar de la evidencia que, desde inicio de los años noventa, mostraban un sistema segregado y desigual entre las instituciones públicas y las privadas”.

De acuerdo a la investigadora, otra de las características que marcan este período tiene relación con el aumento de la matrícula bajo condiciones de absoluta desregulación, desde el punto de vista de la equidad y de la calidad de la formación profesional.

La investigadora afirmó que, como consecuencia de la política universitaria implementada, a partir del año 1973 surgió un fuerte movimiento estudiantil que exigió cambiar el paradigma establecido por el mercado educacional. “Las demandas sociales que comenzaron con los estudiantes secundarios, en 2006, y continuaron con las movilizaciones universitarias entre los años 2011 y 2012, reforzaron la función regularizadora del sistema de mercado, al mismo tiempo que se vivía el ajuste institucional, tras la aprobación del sistema de aseguramiento de la calidad y del Crédito con Aval del Estado. Del mismo modo, tras la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Educación en el año 2006, la discusión sobre Educación Superior también mantiene un efecto avalancha tras una década de debate sobre la necesidad de regular el sistema, incluyendo en esto, la postergada necesidad de cambios en el ámbito de la calidad y equidad”, aseguró.

Según la coordinadora técnica de OBESUP, “el marco de referencia paradigmático se ha mantenido desde su instalación en el régimen militar, principalmente, en los modelos de funcionamiento de mercado y cómo se constituye lo público dentro del sistema educacional. Es posible encontrar este marco interpretativo en los instrumentos de financiamiento desarrollados en la década del noventa y que hasta el día de hoy son aplicados. Si bien el financiamiento es cada vez más diversificado, también resulta desequilibrado entre la demanda–financiamiento a estudiantes- y la oferta -financiamiento a las instituciones”.

Natalia Vargas concluyó su ponencia en España, señalando que, en Chile, “el régimen de política pública en Educación Superior está en un punto de inflexión, que puede consolidar el modelo desregulado, en función de aumentar el ingreso de estudiantes, sin determinar el impacto en el sistema de trabajo instalado en los años noventa; o abrirse a la participación ciudadana en la definición de las necesidades de la sociedad y cómo la universidad puede responder a dichos requerimientos.

En este punto, -agregó la profesional- las universidades del Estado que sufrieron fuertes recortes presupuestarios y disminución de su matrícula durante las décadas del setenta y ochenta, son cruciales para hacer este cambio paradigmático. “Desde su misión como instituciones públicas, pueden aportar, en forma sustantiva, no sólo al desarrollo estratégico del país, sino también, promover los principios que sustentan el Estado de Derecho en Chile”, puntualizó.  Asimismo, planteó que “en nuestro país se está en un momento político de definición fundamental, respecto al futuro de estas entidades, ya que se encuentra en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Sobre Ues del Estado, del cual se espera fortalezca e impulse el crecimiento de estas instituciones en el sistema de Educación Superior chileno”.

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